Falsificación de fallos judiciales en el Cesar. Escándalo en la Rama Judicial

RCN La Radio conoció una nueva modalidad de fraude con acciones de tutela que eran tramitadas, sentenciadas y pagadas, en las que el juez nunca las conoció y mucho menos fueron decididas por él.

En el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar se detectaron seis acciones de tutela, las cuales, aunque nunca pasaron por ese despacho, fueron tramitadas, sentenciadas y el juzgado, fundamentándose en los supuestos fallos, desembolsó los millonarios recursos. De esta manera lo dio a conocer a RCN La Radio, el juez Aníbal Royero Sínning.

“Una de las inquietudes que llevó a este despacho a hacer un seguimiento de control, a verificar si efectivamente habíamos tramitado las tutelas, era porque se hablaba con anterioridad de una corrupción a nivel de la Rama Judicial en la tramitación de tutelas que incluía el Juzgado Segundo Penal del Circuito y como quiera que este suscrito juez tenía la certeza de que nunca había tramitado en ninguna forma acción de tutela alguna, pudimos hallar y constatar entonces en la Alcaldía Municipal (de Valledupar) la existencia de esas tutelas en la oficina de Talento Humano”, indicó el funcionario judicial.

Las acciones de tutela solicitaban la protección de derechos fundamentales por principios de igualdad referentes a nivelaciones salariales. En cumplimiento de cuatro tutelas, la Alcaldía de Valledupar en total pagó alrededor de 263 millones de pesos, las otras dos, justo en el momento en el que se les iba a dar cumplimiento, el juez Royero Sínning lo impidió.

Señaló que “las tutelas que se encuentran en proceso de investigación fueron presentadas por personas que tienen la calidad de empleados de la Alcaldía y que se encuentran en servicio activo, incluso ya hay unas tutelas de esas que han sido pagadas y las otras, mediante un oficio se le comunicó a la Alcaldía que tenían la calidad de falsas, para que ellos hicieran las acciones correspondientes” y agregó que “al verificar en los libros y tener la seguridad de que no había tramitado alguna tutela, me trasladé a las instalaciones de la Alcaldía Municipal y allí recibí de la Oficina Jurídica y de Talento Humano la colaboración y me entregaron los fallos de segunda instancia que hemos hecho referencia y verificamos realmente que éstas no han sido tramitadas en legal forma por el Juzgado Segundo Penal del Circuito”.

Las falsificaciones de fallos judiciales no solo se han presentado en el tiempo en que ha estado Aníbal Royero Sínning en ese despacho.

“Aparecen acciones de tutela registradas que tampoco fueron tramitadas en este despacho y que aparecen firmadas por la doctora Cecilia Leonor Olivella y la doctora Gloria Mariño Quiñónez, quienes fungieron como jueces del Juzgado Segundo Penal del Circuito y que tampoco fueron tramitadas. Yo lo que quiero dejarle claro a la opinión pública es que los jueces que hemos estado a cargo del Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento en la ciudad de Valledupar, no hemos tramitado tutela referente a nivelaciones salariales que tuvieran como destino la Alcaldía de Valledupar”, puntualizó.

Sobre cómo es posible que el Juzgado haya pagado las tutelas y no se haya dado cuenta del engaño, José Antonio Aponte Sierra, funcionario de la Oficina de Talento Humano de la Alcaldía de Valledupar, responde que “siempre se debe presumir del principio de la buena fe. La tutela llega, la secretaria la recibe, si hay alguna duda se pide la certificación de esos fallos. Casi todos los fallos que salieron de ese juzgado fui para que les pusieran los sellos de autentificación. Las cuatro tutelas que fueron pagadas también tenían lo sellos, por eso se presume que de pronto la anomalía está en el Juzgado”.

En relación a que si hubo exceso de confianza por parte de los jueces hacia sus colaboradores, el juez Royero Sínning manifiesta que “no es un exceso de confianza y sobre eso, este humilde servidor ha llamado la atención. A los jueces de conocimiento o los jueces de control de garantías por el exceso de trabajo, frente a un Sistema Penal Acusatorio que nos indica la permanencia en una sala de audiencias vigilando ese control, se nos hace imposible un control directo hacia el despacho o hacia los funcionarios. Eso no depende entonces del grado de confianza sino del poder de corrupción de las personas que buscan a personas que tienen su momento debilidad y los hacen incurrir en ese tipo de actuaciones”.

Al conocer sobre estas falsificaciones de fallos judiciales, el magistrado Jaime García Chadid, presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, a través de oficio, alertó a las entidades sobre esta nueva modalidad de fraude.

“Esas entidades en su mayoría son de orden público que han sido objeto de reclamaciones vía acciones de tutela, por cuanto descubrimos una modalidad de fraude, en la que los delincuentes falsifican decisiones sobre esas acciones de tutela y las hacen llegar a las entidades afectadas, con el objeto de obtener desembolsos o reconocimientos que no son reales sino maniobras fraudulentas. Nuestra recomendación a las entidades es que, primero eso no debe dar lugar a dilaciones en cumplimiento del fallo que puede ser una sentencia lícitamente expedida y le recomendamos un rápida verificación sobre la existencia de la decisión judicial en el despacho del cual dice provenir o efectivamente proviene, eso se hace de manera rápida. No creo que sea muy complicado y así nos vamos a evitar problemas como los que han surgido”, manifestó.

Al ser preguntado sobre qué tan involucrados pueden estar los beneficiarios de las tutelas en este tipo de fraude, el magistrado García Chadid indicó que “si yo quiero reclamar un derecho le doy un poder a un abogado y el abogado lleva esa sentencia a la entidad demandada. Yo como cliente no puedo suponer que mi abogado cada cosa que hace es llevar una decisión falsa a la entidad, yo tengo que suponer de buena fe que se hizo lo correcto. Ahora, bien podría estar enterado de todas las fechorías. Yo con esto no estoy ni señalando ni exonerando a nadie de nada, todo es posible, todo cabe dentro de las hipótesis, pero pienso que más que una situación general es una lamentable y repudiable excepción”.

RCN La Radio intentó comunicarse con algunos de los beneficiarios de estas acciones de tutela, sin embargo, aunque manifestaron conocer lo que estaba ocurriendo, dijeron que preferían no pronunciarse al respecto. En cuanto a la abogada que tramitó las seis acciones de tutela, los esfuerzos por contactarla fueron inútiles.

Este hecho fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la Nación y se abrió el respectivo proceso disciplinario en contra del empleado de la Alcaldía de Valledupar, que al parecer está involucrado en el registro y trámite fraudulento de las acciones de tutela.

El Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar expresó al ser interrogado sobre si hay corrupción en la Rama Judicial en el Cesar, que “no podemos generalizar. Yo siempre he defendido a nuestros jueces y a nuestros empleados los defiendo como personas trabajadoras, pero siempre hay una manzana podrida y siempre está el corrupto y estamos detrás de ellos y siempre los descubrimos. De todas maneras no se puede estigmatizar a toda la Rama Judicial por una, dos o tres personas. Aquí en la Rama Judicial del Cesar hay conmigo más de 300 personas trabajando y yo le puedo decir que en su gran mayoría las personas son dedicadas a su trabajo, correctas y honestas”.

Reveladas nuevas irregularidades en la rama judicial del Cesar

RCN Noticias del Cesar de manera exclusiva conoció un nuevo caso de irregularidades presentadas en los despachos judiciales del distrito de Valledupar con relación al trámite de tutelas.

Berna Mola, Juez Primera Penal Municipal dio a conocer en RCN Noticias del Cesar, que en ese despacho, se tramitaron más de 80 acciones de tutela de forma irregular, llegaron inexplicablemente hasta el escritorio del juez sin haber sido presentadas ni remitidas por la oficina judicial. La oficina judicial es donde se someten a reparto las tutelas.

“Nosotros conocimos en primera instancia de unas tutelas que llegaron al juzgado de una manera que no es la legal o la debida, no surtieron el trámite en la oficina judicial, sino que inexplicablemente llegaron aquí y al llegar al juzgado, se avocó el conocimiento y se surtió el trámite correspondiente. Nosotros no teníamos conocimiento que esas tutelas no habían sido traídas directamente de la oficina judicial no se sabe hasta el momento cómo llegaron a este despacho”, aseguró.

La juez, dio a conocer la manera en la que se puso al descubierto esta situación. “¿Cómo se entera el titular en ese entonces?, yo no estaba aquí, yo tomé posesión del cargo en el mes de octubre del 2010 y estas tutelas son del mes de agosto, son alrededor de 80 tutelas. Tengo entendido que se dio inicio por una queja presentada ante el consejo por una de las accionadas, una de las magistradas del Consejo Seccional llegó aquí, realizó una visita y haciendo un cotejo con un reporte de la oficina judicial del reparto del mes de agosto hasta el mes de septiembre que se hizo la visita, se dieron cuenta con los libros radicadores que había un exceso de tutelas tramitada por el juzgado y que no habían sido repartidas por la oficina judicial, de esa manera fue fácil buscarlas en el archivo porque ya unas habían sido falladas y las que estaban en trámite simplemente se les suspendió el trámite. Como también se había iniciado unos incidentes de desacato con base en esos fallos de tutela, el juez de ese entonces se pronunció declarando inexistente esos fallos y cuando yo llegué di por terminado los incidentes dándole la oportunidad a los actores que presentaran las tutelas en debida forma, por oficina judicial nuevamente con las mismas partes. También existe una investigación penal y disciplinaria de los empleados del juzgado que hasta el momento no ha arrojado ningún resultado y todo está en trámite”.


Berna Mola, Juez Primera Penal Municipal, se refirió a las entidades accionadas en estos casos. “Empresas de servicios públicos como Emdupar y Electricaribe. Y de salud como Saludcoop, Coomeva y Asmet Salud”.


Al preguntarle sobre cuántas tutelas fueron falladas y cuantos recursos fueron desembolsados, dijo que “falladas no tendría el dato exacto ni que se hayan ordenado la entrega de dineros tampoco, más bien tengo conocimiento que las que se trataron de salud, creo que fue entrega de medicamentos y cuestiones que estaban fuera del pos, no fue entrega de dinero en ninguno de los casos. Y lo de servicios públicos, pues aquí lo que se maneja más que todo de servicio público son contratos de arrendamientos, cuando los propietarios dan en arriendo sus viviendas y los arrendatarios no pagan los servicios públicos, solicitan a la empresa que les condone la deuda que han dejado sus inquilinos, eso es algo que está en la ley. Pero en ningún momento ha sido entrega de dineros por parte de las entidades públicas ni de las entidades particulares con funciones públicas. Se trató fue de esas clases de tutela”.


La juez precisó que “no todas las tutelas que llegaron de manera indebida fueron concedidas. Hay unas que fueron negadas otras concedidas y otras que no alcanzaron a hacer fallada”.


Sobre el avance de las investigaciones para esclarecer estos casos, manifestó que “de lo que he podido leer de las declaraciones de los empleados de la investigación disciplinaria todo apunta a averiguar quien trajo las tutelas al juzgado, quien las recibió en la oficina judicial y por qué existen sellos en la tutela de oficina judicial y un acta de reparto. La investigación penal es determinar si hubo una falsedad en los sellos de la oficina judicial y en el acta de reparto”.

Desde la pelea de los hermanos Gioja, pasando por los incidentes cuando se aprobó por ley la enmienda (foto), hasta la intervención del mismísimo Diego Armando Maradona para evitar que el NO siga usando su imagen ilegalmente; estuvo cargada de hechos políticos, maniobras que desataron polémica y planteos que, como nunca antes, judicializaron la disputa. A diferencia de las compulsas por cargos, no dio lugar a términos medios y el oficialismo tuvo a toda la oposición junta enfrente.

Hermanos

La campaña arrancó bien caliente, a las pocas horas de que José Luis Gioja anunciara que irá por un mandato más como gobernador. Su hermano César, con aspiraciones de ser candidato al mismo cargo por el PJ, estalló en ira por medios nacionales y su cuenta de Twitter cuando se enteró. "Con de lo de la re-re, José Luis ha producido un quiebre en la familia, en el partido y en el pueblo de San Juan", fue una de las ácidas frases que tiró el senador para ponerse en la vereda opositora. El más chico de los Gioja, Juan Carlos, salió a criticarlo, al igual que la dirigencia y la militancia del oficialismo. El gobernador prefirió, primero, no contestarle, pero a los días disparó: "no es culpa nuestra que alguien se compró un traje para ponérselo el 10 de diciembre". El enfrentamiento causó sorpresa en propios y extraños por la virulencia de César y se convirtió en uno de los focos del periodo proselitista.

A Tribunales

Si hay algo que le dio carácter de inédita a la campaña, fue que se judicializó como ninguna otra. En total, hubo 30 presentaciones de opositores para intentar frenar la consulta popular convocada para mañana. César Gioja hizo punta, primero, con ocho amparos idénticos contra la ley que aprobó la enmienda y, después, con once pedidos simultáneos de inconstitucionalidad. También fueron a la Justicia los opositores Foro Cívico y Social, Daniel IIlanes, Actuar, el ibarrismo, la UCR, Dignidad Ciudadana y el bloquismo disidente. La mayoría de las acciones fueron rechazadas, quedan en trámite diez pedidos de inconstitucionalidad, y la única que prosperó fue la del bloquismo disidente, que pedía que el Ejecutivo no hiciera propaganda con obras de gobierno.

Jueces

Mauricio Ibarra, Enrique Conti y César Gioja pusieron en duda la independencia del Poder Judicial. Dijeron que no confiaban en que los magistrados fueran imparciales a la hora de resolver los planteos contra la re-re y el senador, en particular, aseguró que su hermano gobernador maneja a los magistrados y al Tribunal Electoral. Eso despertó la reacción de sectores judiciales. El fiscal General de la Corte y miembro de la autoridad electoral, Eduardo Quattropani, le pidió a César que renuncie. El Colegio de Magistrados, a través de su presidente, Roberto Pagés, le apuntó al decir que con tantas demandas juntas e idénticas estaba usando a la Justicia para resolver temas que son propios de la arena política.

Jóvenes

Cuando se supo que el plebiscito se tiene que hacer con el padrón del año 2007 por imposición de la Constitución, se abrió otra fuerte polémica. Al usar la vieja nómina, hay miles de jóvenes de entre 18 y 21 años que no podrán sufragar. Los principales referentes de la oposición salieron enérgicamente a culpar al oficialismo y hubo quejas de jóvenes que se enrolan en el NO. El senador, el mismo día en que se recordaba el dramático golpe militar de 1976, dijo que los chicos que se quedaban afuera eran "desaparecidos" y responsabilizó al giojismo. Gioja y el Tribunal Electoral salieron a aclarar que no es un capricho, sino un mandato de la Constitución.

Abogados

La jueza Civil María Elena Videla rechazó un amparo de una joven de 21 años que era patrocinada por dos abogados ibarristas y que pedía que se la incorporara al padrón para poder votar. Pero, además, les impuso una multa de 1.000 pesos por considerar que agraviaron la investidura del gobernador en el escrito que presentaron, le pidió a una fiscal que analice si cometieron delito y mandó todo al Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados. El fallo causó revuelo y críticas opositoras y hasta del Foro. La jueza quedó mal parada cuando la fiscal dijo que no hubo delito y la Cámara Civil, que ratificó el rechazo al amparo, revocó las medidas complementarias. El dirigente radical Nahuel Ibazeta presentó un pedido de jury contra la magistrada.

Láser

En medio de la campaña, se dio una novedosa pulseada entre el SÍ y el NO. Desde su bunker de avenida España, ante de Central, César Gioja proyectaba con láser en las paredes del Centro Cívico leyendas en contra de la re-reelección. Metros más allá, el oficialismo respondió con la misma estrategia para promover el apoyo a la enmienda.

Afiches

Fue uno de los hechos más controversiales de la campaña y no registra antecedentes. Aparecieron afiches y volantes con una foto de Diego Maradona promoviendo el NO a la re-re. El astro futbolístico se enteró y a través de una apoderada denunció en la Justicia penal de la provincia el uso ilegal de su imagen, para que se encuentre a los autores. Y si los detectan, su abogado anunció que pedirán un resarcimiento económico. En diálogo exclusivo con DIARIO DE CUYO, el "Diez" se mostró indignado y dijo que a los responsables "se les escapó la tortuga renga". Mientras ningún opositor se hizo cargo, la polémica se avivó con afiches que sin autorización mostraban a otras personas públicas a favor del NO, como el desaparecido Raúl Tellechea, la presidenta Cristina Kirchner y el actor Diego Capusotto. Gioja salió a pedir que los responsables "den la carita".

Votos

Apenas unos días antes de la veda electoral, empezaron a circular votos truchos del "SI". Se diferencian de los oficiales en que la afirmación aparece escrita con acento. Los autores buscan que sean declarados nulos por no ser iguales a los aprobados por la Justicia y de esta forma, restarle sufragios al giojismo en el cómputo final de la consulta popular. El Tribunal Electoral neutralizó la maniobra, resolviendo validar todos las boletas mientras no dejan lugar a dudas de la voluntad que quiere expresar el ciudadano.

 OPINION PERSONAL

como hacen las tuytelas sin el dvido proseso y los papeles al dia , eso esta muy mal ya que stan contra la ley  qu es imponen en cada departamento .

aunqu la policia hizo justicia en colombia los politicos pueden hacer lo que quiran y les dan unos cuantos años o hasta meses y saln libres a robar y haceguir haciendo lo mismo.